Canal ético o de denuncias.

Grupo Medina espera que en su organización se mantengan los más altos niveles de integridad y honestidad, y anima a todos sus empleados, clientes, socios y proveedores a informar de cualquier irregularidad percibida o conocida en el lugar de trabajo, siguiendo el Código Ético y de Buen Gobierno.

Las comunicaciones se realizan mediante formulario confidencial. La política de Grupo Medina es proteger de posibles represalias a quienes planteen preocupaciones sobre irregularidades. El formulario proporciona un mecanismo seguro y fiable y garantiza que los asuntos se traten con rapidez, eficacia y confidencialidad.

Grupo Medina se compromete a tratar de forma estrictamente confidencial todas las comunicaciones y la información relativa a cualquier acción emprendida. Se espera que las personas se identifiquen al realizar una comunicación, para facilitar la investigación y resolución.

La confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado estará protegida. En ningún caso la persona denunciada conocerá la identidad del informante, sin perjuicio de que se le informe de los hechos una vez realizadas las investigaciones o si el asunto finaliza en acciones legales.

Normalmente, las comunicaciones anónimas no serán atendidas. Sin embargo, Grupo Medina puede decidir hacerlo teniendo en cuenta la gravedad de las cuestiones planteadas, la credibilidad de las alegaciones y la probabilidad de poder corroborarlas.

El formulario lo recibe directamente el Compliance Officer, que emitirá un acuse de recibo en un plazo de siete días desde la recepción.

El Compliance Officer, junto con el Departamento de Auditoría Interna, son los órganos imparciales y competentes para recibir, investigar y hacer seguimiento de las comunicaciones, mantener la comunicación con el informante y, si es necesario, solicitarle información adicional.

Las comunicaciones fundamentadas y pertinentes se investigarán y tendrán respuesta en un plazo no superior a tres meses desde el acuse de recibo.

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, garantizan la confidencialidad y la protección frente a represalias de las personas que informen sobre infracciones en materia de sobornos, corrupción, conflictos de interés y, en general, sobre cualquier incumplimiento de la normativa y del Código Ético y de Buen Gobierno de la empresa.